A la espera del desarrollo de la Ley

La Delegación Nacional de Deportes nombraba a quienes presidían las federaciones. Se inicia el camino de la democratización con la ley de 1980 y especialmente con la aprobación del conocido como Decreto Antiporta, que estableció un límite a los mandatos federativos para renovar caras que procedían de la época de la dictadura. Con la ley de 1990, su desarrollo en 1991 hace que no sean solo los clubes quienes tengan la palabra en los procesos electorales, sino que participen también deportistas, técnicos, árbitros, etc.

Ha transcurrido ya mucho tiempo y es el momento de progresar en la democratización de las federaciones deportivas españolas, entre otras acciones, mediante el proceso de transición digital, asegurar una buena gobernanza y transparencia de la gestión federativa, favorecer la incorporación de la mujer y las personas con discapacidad, reformar el proceso electoral y acoger al deporte social y ciudadano en su seno. Y este es el buen camino que pondrá más difícil que una persona desde una presidencia pueda decidir los designios de una federación, es decir, controlar la voluntad y voto de las personas que conforman su asamblea.

El CSD ya llegó tarde, pues el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) pone reparos a calificar de infracción muy grave la conducta de Rubiales, aun cuando la nueva ley sí la regula como tal. La razón es que la disposición transitoria tercera de la nueva ley dispone que “el régimen sancionador y disciplinario previo a la entrada en vigor de la presente ley continuará rigiendo hasta que el nuevo sistema común de carácter extrajudicial se desarrolle reglamentariamente. El Gobierno deberá llevar a cabo este desarrollo reglamentario en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley”.

Han pasado nueve meses y pasarán muchos más, pues hay mucho que desarrollar de la nueva ley, pero el Consejo Superior de Deportes lleva años de continuos cambios políticos en su cúpula y no se observa un horizonte próximo que aporte estabilidad.